Ocho funcionarios de la ciudad de Bell (Los Ángeles, California) se habían embolsado ilegalmente 5,5 millones de dólares de dinero público. El escándalo saltó en julio, después de que el diario Los Angeles Times publicó los desmesurados salarios de los miembros del municipio. Se trata del ex administrador de la ciudad Robert Rizzo, su ex asistente Ángela Spaccia, el alcalde Óscar Hernández, así como tres concejales (Luis Artiga, Teresa Jacobo y George Mirabal) y dos ex concejales (George Cole y Víctor Bello) que se asignaron unos sueldos de U$S 800.000 anuales, cantidad superior al salario de cualquier gestor público en EE.UU. y el doble de los ingresos de Barack Obama.
A raíz de esa noticia, el fiscal del distrito de Los Ángeles, Steve Cooley, abrió una investigación. Cooley afirmó que el caso de Bell se trata de "corrupción con esteroides" e imputó a Rizzo en 53 casos de apropiación ilícita de fondos públicos y conflicto de intereses. Rizzo, Spaccia y Hernández dimitieron poco después y los concejales decidieron rebajar sus emolumentos. Una auditoría encontró que las autoridades de Bell habían incrementado la tasa impositiva sobre los ciudadanos ilegalmente, lo que supuso unos ingresos extra de U$S 5,6 millones. Además de fondos de pensiones, Rizzo obtuvo dos préstamos con dinero municipal valorados en U$S 80.000. "Recibir un salario excesivo no es un crimen", dijo Cooley. "Pero sí lo es obtener ilegalmente esos salarios, y eso es lo que pasó en el caso de Rizzo y de los concejales".